Perito Fotovoltaico: Qué Hace, Qué Analiza y Cuándo Contratarlo

 

Las instalaciones fotovoltaicas se han convertido en una de las soluciones más utilizadas para generar electricidad y reducir el consumo de energía procedente de la red. Sin embargo, que una instalación solar produzca energía no significa que esté correctamente diseñada, ejecutada, documentada y legalizada.

A diferencia de las instalaciones eléctricas convencionales ubicadas en recintos interiores secos, las instalaciones fotovoltaicas permanecen expuestas durante toda su vida útil a las influencias externas derivadas del medio ambiente. Esta condición incrementa significativamente el nivel de exigencia en cuanto al diseño, selección de materiales, ejecución, mantenimiento y verificación periódica.

Debe destacarse que el generador fotovoltaico presenta una característica singular respecto al resto de instalaciones de baja tensión: permanece generando tensión en corriente continua siempre que exista irradiación solar, incluso cuando el interruptor general se encuentra abierto. Esta circunstancia supone un incremento del riesgo durante operaciones de inspección, mantenimiento o reparación, especialmente cuando concurren condiciones de humedad o deterioro del aislamiento.

Cuando aparecen averías, pérdidas de producción, daños, incendios, entradas de agua, problemas eléctricos, discrepancias entre el proyecto y lo realmente ejecutado o conflictos entre propietario, instalador, puede ser necesario realizar un peritaje técnico de la instalación fotovoltaica.

¿QUÉ ES UN PERITO FOTOVOLTAICO?

Es un profesional con conocimientos técnicos y legales específicos sobre instalaciones de generación eléctrica solar, capaz de analizar su diseño, ejecución, funcionamiento, estado y documentación. Su intervención aporta valor legal y probatorio cuando existe una discrepancia técnica.

Un perito experto debe valorar el marco normativo de origen (por ejemplo, instalaciones de 2006), el marco de mantenimiento a lo largo de los años y la normativa vigente en el momento de la inspección. En España, el autoconsumo se encuentra regulado principalmente por el RD 244/2019, pero debe convivir con el marco histórico del REBT (RD 842/2002), sus instrucciones complementarias y normas UNE.

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN PERITAJES FOTOVOLTAICOS

A través de la experiencia en inspecciones técnicas, estos son los incumplimientos y fallos mas recurrentes que motivan la intervención de un perito:

• La ausencia de Puesta a Tierra Independiente en Lado Corriente Continua:

Es uno de los defectos más repetitivos constituye un incumplimiento de lo establecido en RD 842/2002 ITC-BT-40 art. 8

• Ausencia de Interruptor Seccionador y Sobretensiones en Lado Corriente Continua

La instalación debe disponer de medios adecuados que permitan el seccionamiento seguro del circuito de corriente continua. La ausencia de estos elementos o su incorrecta instalación en las String Boxes (cajas de conexión) puede derivar en fenómenos de arco eléctrico y, en última instancia, en incendios. El futuro proyecto de ITC-BT-053 contempla regular específicamente estas situaciones, pero hasta su aprobación, el incumplimiento ya es exigible bajo las normas de buena práctica y la UNE vigente.

• Ausencia de diferenciales tipo A o B en instalaciones fotovoltaicas

Lamentablemente, para ahorrar costes, muchos instaladores continúan montando diferenciales Tipo AC en instalaciones fotovoltaicas. Esto es un incumplimiento reglamentario objetivo, con independencia de que la instalación funcione o no se haya materializado un accidente.

El RD 842/2002 establece en su artículo 23 que las prescripciones del Reglamento tienen la condición de MÍNIMOS OBLIGATORIOS. La normativa es clara:

UNE-HD 60364-7-712:2006 Establece que cuando una instalación incorpora un sistema fotovoltaico sin separación simple entre el lado CA y CC, el diferencial debe ser tipo B.

ITC-BT-24 apartado 3.5: Exige dispositivos de clase A cuando se prevean corrientes diferenciales no senoidales (propias de los inversores).

RD 244/2019 (modificación ITC-BT-40): Exige que todos los generadores para autoconsumo incluyan como mínimo protección diferencial tipo A y una corriente de fuga a tierra igual o inferior a 10 mA.

CONCLUSIÓN Y RESPONSABILIDAD LEGAL

Para un Instalador Autorizado, cumplir la normativa no es opcional, es obligatorio.

El incumplimiento doloso o negligente de los requisitos y obligaciones establecidos en la normativa industrial, cuando ocasiona riesgo grave o daño para personas o bienes, constituye una Infracción Muy Grave, tipificada en el artículo 35.1.a) de la Ley 21/1992 de Industria, lo que conlleva responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.

Ante un siniestro, avería o discrepancia técnica, contar con un informe pericial sólido es la única garantía para defender tus intereses, ya seas propietario de la instalación, compañía aseguradora o instalador requerido.

¿Necesitas asesoramiento técnico-legal en una instalación fotovoltaica?

Si te enfrentas a un conflicto por una deficiente instalación, un siniestro eléctrico o necesitas auditar el cumplimiento normativo de un proyecto solar, contáctanos. Como peritos judiciales en baja tensión, elaboramos informes periciales con rigor técnico y validez probatoria para hacer valer tus derechos.

ENLACE Y CONTACTO: Roque de Armas / Teléfono 680 182 651 / Email: mailto: 02678peritojudicial@gmail.com

Cuando un informe pericial deja de ser un documento y se convierte en el origen de una gran obra

 

El informe que nadie ve… pero del que depende todo

Cuando una gran infraestructura pública entra en un proceso de rehabilitación, la ciudadanía suele fijarse en el resultado final: nuevas instalaciones, mayor seguridad, eficiencia energética o una imagen renovada.

Sin embargo, existe un documento que rara vez trasciende fuera del ámbito técnico y que, en muchas ocasiones, condiciona todas las decisiones posteriores: el informe pericial o informe técnico de diagnóstico.

Antes de proyectar una solución, es imprescindible comprender con precisión el problema. En ingeniería, un diagnóstico equivocado conduce inevitablemente a un proyecto equivocado.

Por ello, los informes periciales no deben considerarse un mero trámite documental, sino la base científica sobre la que se construyen las decisiones técnicas de mayor trascendencia.

Cuando este trabajo se desarrolla con rigor técnico, metodología, inspecciones in situ, mediciones, análisis normativo y razonamiento pericial, deja de ser un simple informe para convertirse en la radiografía técnica de una infraestructura. Y esa radiografía es la que posteriormente utilizan arquitectos, ingenieros y administraciones para decidir cómo intervenir.

En el ámbito judicial suele decirse que el mejor informe es aquel que resiste cualquier contradicción. En ingeniería podría añadirse una segunda afirmación: El mejor informe es aquel cuyas conclusiones terminan convirtiéndose en un proyecto de rehabilitación.

No existe validación técnica más sólida que comprobar cómo un proyectista independiente incorpora, desarrolla y transforma en soluciones de ingeniería las deficiencias previamente identificadas por un perito. Cuando esto ocurre, el informe deja de ser únicamente una prueba técnica. Se convierte en el origen de una actuación de ingeniería.

Un ejemplo de enorme valor profesional

Uno de los casos más ilustrativos se ha producido recientemente durante la rehabilitación del Terrero Insular Mencey Tegueste, considerado uno de los recintos más representativos de la lucha canaria. Donde con carácter previo al proyecto industrial de rehabilitación se realizó una inspección técnica completa de las instalaciones eléctricas existentes.

Posteriormente, el proyecto industrial de rehabilitación desarrolló soluciones específicas para corregir precisamente esos aspectos. La correspondencia entre el diagnóstico previo y las actuaciones proyectadas constituye un ejemplo especialmente significativo del valor que puede alcanzar un informe técnico cuando está correctamente fundamentado.

La independencia: el mayor patrimonio del perito

Quizá la característica más importante de un informe pericial sea su independencia. El proyectista diseña, el constructor ejecuta, la dirección facultativa controla, pero el perito analiza la realidad existente sin condicionantes.

Esa independencia convierte sus conclusiones en una herramienta especialmente valiosa para administraciones públicas, aseguradoras, despachos jurídicos y órganos judiciales. Porque las decisiones de mayor trascendencia solo pueden apoyarse en diagnósticos técnicamente fiables. En esto consiste el valor oculto de la pericia técnica en la rehabilitación de infraestructuras públicas

Conclusión

El caso de la rehabilitación del Terrero Insular Mencey Tegueste demuestra que un informe pericial, elaborado con rigor, objetividad y fundamento normativo, puede convertirse en mucho más que un documento técnico. Puede constituir el punto de partida de una gran actuación de ingeniería.

Cuando un diagnóstico independiente identifica con precisión las patologías de una instalación y un proyecto industrial desarrolla posteriormente soluciones coincidentes con esas conclusiones, se pone de manifiesto el auténtico valor de la pericia técnica: convertir el conocimiento en decisiones y las decisiones en obras que mejoran la seguridad y el servicio a la sociedad.

En un tiempo en el que las inversiones públicas demandan cada vez mayor transparencia, eficiencia y responsabilidad, la figura del perito judicial adquiere una relevancia creciente. Su trabajo no solo ayuda a resolver controversias; también proporciona la base objetiva sobre la que se planifican rehabilitaciones de gran impacto.

Porque, en ingeniería, toda gran obra comienza con un diagnóstico acertado, y cuando ese diagnóstico resiste el análisis técnico y termina reflejado casi íntegramente en un proyecto industrial, se alcanza una de las mayores validaciones que puede recibir un informe pericial. Esa es la mejor demostración de que la pericia no solo interpreta la realidad: contribuye a transformarla.

REDACTADO POR: Roque de Armas

PERITO ESPECIALIDADES: Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión; Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica; Electricidad Industrial; Vehículos Eléctricos y Estaciones de Recarga; Energía Eólica

TELEF. 680 182 651

E-MAIL: roquedearmas2001@gmail.com

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Dirección General de Industria e Instalador Autorizado, garantes de la seguridad.

 

Los años en oficio y situaciones vividas demuestran que el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión no es que sea difícil su interpretación, la problemática surge cuando queremos ser profesionales cumpliendo lo establecido y llegamos al inexorable momento, de poner una incidencia o denuncia en conocimiento del Órgano competente de Comunidad Autónoma (Dirección General de Industria).

Cuando un Instalador Autorizado decide informar sobre incidencia o riesgo inminente que existe en una instalación, no lo ejecuta movido por un interés económico lo realiza por imperativo legal, responsabilidad civil / penal y por seguridad.

IMPERATIVO LEGAL

• RD 842/2002 ITC-BT-03 art. 7F- …En el desempeño de su actividad, el Instalador Autorizado está obligado a notificar posibles incumplimientos reglamentarios de materiales e instalaciones (…) en caso de peligro manifiesto dará cuenta inmediata de ello a los usuarios, empresa suministradora y Órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de 24 horas…

La obligación establecida en ITC-BT-03 reviste carácter imperativo y constituye un verdadero deber jurídico del instalador autorizado, cuya infracción puede ser constitutivo de infracción administrativa, conforme a lo previsto en la Ley 21/1992, de Industria.

El término «posibles incumplimientos» resulta especialmente relevante, pues indica que se exige al instalador una valoración profesional acompañada de evidencias técnicas de que existe una discrepancia entre la instalación o los materiales y la normativa reglamentaria aplicable. El destinatario de la notificación es la «Administración competente», expresión que, conforme al marco competencial derivado de la Ley 21/1992, se refiere al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de industria y seguridad industrial.

A tenor de esto constatamos como este deber legal de los instaladores trasciende la mera interpretación reglamentaria, al generar correlativamente el deber de actuación administrativa, por parte de la Dirección General de Industria el cual no debe ser ignorado sin consecuencias jurídicas.

Cuando analizamos el deber de actuación de oficio por parte de la Dirección General de Industria, ante una denuncia formulada por un Instalador Autorizado esta no debe ser tratada como una mera información sin trascendencia jurídica, sino que debe ser tratada como lo que es: un aviso profesional cualificado, que activa los mecanismos de control e inspección de la legislación de Seguridad Industrial.

Cierto es conforme Ley 39/2015 art. 23 la comunicación del instalador, no constituye formalmente una solicitud de inicio de procedimiento; pero a la luz del art. 21 de la misma Ley la denuncia formulada por instalador autorizado impone a la Administración la obligación de impulsar de oficio el procedimiento en todos sus trámites, lo que implica que, una vez conocida la existencia de un posible incumplimiento o de una situación de peligro, la Administración no puede permanecer inactiva y el deber de actuación se ve reforzado por Ley 21/1992 art. 12.

La legalidad vigente en materia de seguridad industrial no es dispositiva, sino imperativa, y la Administración está obligada a hacerla cumplir. La tolerancia administrativa ante el incumplimiento de normas de seguridad constituiría, en sí misma, una vulneración del principio de legalidad.

OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR Y COMPROBAR

La Dirección General de Industria, una vez recibida y valorada la comunicación del instalador autorizado, debe adoptar un abanico de medidas que varía en función de la gravedad de los hechos comunicados y del riesgo que supongan para la seguridad de las personas y los bienes. Entre las que encontramos algunas como:

• Inspección de la instalación: Con el fin de comprobar si los hechos comunicados por el instalador, son conformes a la realidad o si por el contrario la instalación cumple con la normativa reglamentaria.
• Requerimiento de subsanación: Si la inspección confirma la existencia de deficiencias, la Administración debe requerir al titular o responsable de la instalación la subsanación de las mismas en un plazo determinado.
• Medidas cautelares de seguridad: En los casos de peligro manifiesto, la Administración puede adoptar medidas cautelares de seguridad, tal y como lo establece RD 141/2009 art. 59.4 …Si en una inspección los defectos técnicos detectados implicasen un riesgo grave, se debe requerir al titular de la instalación y a la empresa instaladora, dejen fuera de servicio la parte de la instalación constituyen de riesgo inminente hasta que el defecto ha sido subsanado…
• Iniciación de procedimiento sancionador: Si los hechos comunicados y comprobados constituyen una infracción administrativa en materia de seguridad industrial, conforme a la tipificación contenida en la Ley 21/1992 y cuya resolución podrá dar lugar a la imposición de las sanciones que correspondan

CONCLUSIÓN:

El ordenamiento jurídico no concibe a la Administración como un mero receptor pasivo de documentos, sino como el garante último de la seguridad colectiva. Cuando un Instalador Autorizado hace llegar a la Dirección General de Industria una comunicación de riesgo o incumplimiento al amparo de la ITC-BT-03, no está trasladando una queja vecinal; está accionando un mecanismo de protección, seguridad y prevención.

Como funcionarios públicos investidos de la competencia en materia de seguridad industrial, debemos ser conscientes de que el archivo, la dilación injustificada o la inactividad ante una denuncia de esta naturaleza no constituyen una simple "demora burocrática". Jurídicamente, suponen una vulneración del principio de legalidad y una quiebra del deber de protección a las personas y los bienes.

La tolerancia administrativa ante el incumplimiento de las normas de seguridad no es neutralidad; es complicidad activa con el riesgo. Pues habiendo sido alertado del peligro de forma cualificada y documental, decide mirar hacia otro lado.

Si un instalador nos advierte de un "peligro manifiesto" y la Administración no inspecciona, no requiere la subsanación o no adopta medidas cautelares, la cadena de prevención se rompe por el eslabón que tiene la fuerza y la obligación legal de actuar. En ese momento, la Administración asume el riesgo y, con él, la responsabilidad patrimonial por los daños que se deriven del siniestro.

Reflexión final: La inactividad administrativa ante un aviso de riesgo eléctrico no es un acto de gestión es una decisión. De no actuar tiene consecuencias jurídicas, patrimoniales y, sobre todo humanas.

La ley nos obliga a intervenir porque la vida y la seguridad de los ciudadanos no pueden depender de la paciencia burocrática. Cumplir no es solo tramitar; cumplir es actuar a tiempo. 

Los informes de la Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) entre 2024 y 2026 revelan que el 41,9% de los incendios con víctimas mortales tuvieron origen eléctrico. Además, es frecuente encontrar en estos casos antecedentes previos de: avisos técnicos, deficiencias conocidas, comunicaciones ignoradas o insuficientemente atendidas antes del siniestro.

EL PERITO ELÉCTRICO ANTE DIVERSOS ESCENARIOS DE UNA INSTALACIÓN

 

El verdadero valor de un perito no reside solo en saber electricidad, sino en saber interpretarla y explicar con rigor, las responsabilidades derivadas. De ese modo reduce la incertidumbre judicial, aumenta la credibilidad del informe y aporta seguridad jurídica real, no solo técnica.  

…El perito que entiende los escenarios, domina el resultado… 

El presente articulo tiene como objeto realizar una valoración crítico-analítica del cuadro comparativo titulado "Escenarios de una Instalación Eléctrica", el cual disecciona las figuras de Avería, Modificación y Riesgo Inminente. El análisis se aborda desde la triple perspectiva técnica, jurídica y legal, permitiendo extraer un procedimiento de trabajo que posicione al perito firmante en un estatus de excelencia profesional.

Sin olvidar que el objetivo principal de un perito es auxiliar al juez o tribunal mediante la aportación de conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos especializados. Permitiendo esclarecer los hechos, facilitando así la toma de decisiones y garantizando una sentencia justa en un proceso judicial. 

El cuadro aportado no es una simple tabla resumen; es un ** árbol de decisión forense** y forma parte de nuestra experiencia práctica primero como Instaladores y posteriormente como peritos. Poniéndolo a la consideración y reflexión de todo amante de cumplir con las normativas establecidas. 

La dimensión Técnica (Naturaleza y Origen) esta distinción es vital. Debido a que un perito que confunda una avería recurrente con una modificación no autorizada puede incurrir en error esencial, atribuyendo a la instalación un diseño distinto al que realmente fue aprobado por el organismo de control. 

La dimensión Legal y Documental, es el verdadero núcleo jurídico de la tabla, permitiendo vincular cada escenario con su obligación documental. 

La dimensión Jurisprudencial, eleva la tabla de un mero texto técnico al nivel educativo referente a cuáles son los Landmarks (linderos o señales de limite) que un Instalador Autorizado no debería pasar. Citemos la diferencia entre "Avería" y "Riesgo Inminente" es la línea roja entre la negligencia profesional y el delito/peligro. 

Para visualizar la fuerza de esta estructura, reproducimos a continuación nuestra tabla Escenarios y su Impacto Pericial.

La gran mayoría de los peritos electricistas actúan como "técnicos traductores": llegan al lugar, sacan fotos de cables quemados, dictaminan "falta de aislamiento" y ponen un precio a la reparación. 

Cuando analicen el valor añadido de esta tabla, comprenderán porque cuando acudan a un siniestro (ej. un incendio), no deben limitarse a buscar el origen de la chispa. Busquen la cronología del riesgo. 

¿Qué camino muestra esta tabla? Mientras otros peritos miden la sección de un cable, tú exigirás la documentación de esa instalación. Y si hubo una modificación no documentada, demostrarás que la instalación a efectos legales carece de cumplimiento normativo siendo dudosa su Puesta en Servicio al incumplir lo establecido en RD 141/2009 art. 15. Este hecho anula cualquier cobertura de póliza del seguro por agravación del riesgo. 

CONCLUSIÓN: 

En el competitivo panorama pericial español, marcar la diferencia no reside en tener mejores aparatos de medida, sino en saber subordinar la técnica a la norma (REBT) y la norma a la jurisprudencia. 

Esta pincelada que resume muchos años como Instalador Autorizado y varios más como Perito Electricista, esperamos que les sea de utilidad. 

…Un Instalador ofrece Seguridad, un Perito ofrece Imparcialidad- Independencia- Integridad…

Lo que no se dice de: La normativa de ascensores RD 355/2024 (ITC AEM 1) y su repercusión en los Edificios de Viviendas, ITC-BT-32.

 

La nueva normativa de ascensores en España, regida por el RD 355/2024 (ITC AEM 1) en vigor desde el 1 de julio de 2024, endurece los requisitos de seguridad y accesibilidad. Obligando a modernizar instalaciones existentes, esto provoca el surgimiento de muchas dudas técnico-normativas- jurídicas en Comunidades de Propietarios y Administradores de Fincas.

Valoremos el caso de Edifico dedicado fundamentalmente a Viviendas.

Conforme RD 141/2009 y RD 842/2002 ITC-BT-04 Los de edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas, que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia, en edificación vertical u horizontal. Precisan Proyecto, Inspección OCA, Certificado Instalación BT y Certificado de Mantenimiento Eléctrico cuando sus la Caja General de Protección (CGP) SUPERA los 100 kW de potencia instalada.

Pero qué consecuencias provoca el RD 355/2024 (ITC AEM 1) en edificios destinados principalmente a viviendas, cuando la potencia total instalada en la CGP sea INFERIOR a 100 kW.

MARCO NORMATIVO APLICABLE:

1)     Conforme ITC-BT-05 art. 4.1 Serán objeto de inspección OCA, una vez ejecutadas las instalaciones, ampliaciones o modificaciones de importancia. Con una potencia instalada superior a 100 kW y Locales de Pública Concurrencia.

2)     Según RD 21/1992 se establece la obligación de inspección OCA para instalaciones de equipos sometidos a reglamentación especifica e ITC-BT-04 art. 3.1 especifica que las Máquinas de Elevación y Transporte pasaran OCA SIN LÍMITE de potencia instalada.

Observación: El ascensor no es un elemento aislado, es un conjunto electromecánico alimentado desde la instalación eléctrica del edificio desde el Cuadro de Servicios Generales. Y están sujetos a reglamentación industrial específica el RD 355/2024 deberán tener:  Inspección inicial, Inspecciones periódicas obligatorias por OCA.

A tenor de lo expresado anteriormente, se puede afirmar la existencia de una relación TÉCNICA – FUNCIONAL INSEPARABLE entre los Ascensores e Instalación Eléctrica Zonas Comunes en Edificios. Los motivos son incuestionables, los ascensores comparten Líneas de Alimentación, Protecciones, Puesta a Tierra y Medidas de Seguridad Eléctrica. Por tanto:

…No es técnicamente posible certificar la seguridad del ascensor, SIN GARANTIZAR la conformidad reglamentaria de la instalación eléctrica que lo alimenta…

La práctica y vivencia diaria con Comunidades de Propietarios, demuestra que tratan de ahorrar gastos en electricidad, prefiriendo hacer los trabajos con personas no cualificadas. Pero hacerlo a costa de la seguridad y poniendo en posible riesgo la vida de personas es un despropósito. No queriendo dar merecida credibilidad, a lo planteado en REBT art. 20- Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas.

INTERPRETACIÓN DEL REBT

Primero: Es cierto que la ITC-BT-05 fija la inspección OCA obligatoria para edificios de viviendas cuando la potencia instalada en CGP > 100 kW. No obstante, esta condición no es exclusiva ni excluyente, ya que el propio REBT establece otros supuestos independientes de obligatoriedad de inspección.

Segundo: Cuando existe un ascensor, concurre un supuesto distinto y autónomo:

• Existe un equipo sometido a reglamentación industrial específica
• Dicho equipo depende eléctricamente de la instalación común
• La instalación eléctrica de zonas comunes, pasa a ser parte integrante de la seguridad del equipo

Esto activa lo previsto en la ITC-BT-05 respecto a instalaciones que alimentan equipos reglamentados, con independencia de la potencia total.

PRINCIPIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESPONSABILIDAD DEL TITULAR

En conformidad con RD 21/1992, de Industria, y la doctrina reiterada de seguridad industrial: La finalidad de las inspecciones es prevenir riesgos a las personas y bienes, no establecer umbrales formales que permitan eludir controles cuando existe riesgo objetivo. Por cuanto un edificio con ascensor implica: Riesgo eléctrico, Riesgo mecánico y Uso por terceros (vecinos, visitas, servicios).

El titular del edificio o comunidad de propietarios es responsable de que todas las instalaciones que afectan a la seguridad del ascensor cumplan normativa y estén debidamente inspeccionadas.

CRITERIO TÉCNICO-PERICIAL

Desde la práctica pericial e interpretación de la normativa:

PRIMERO: La obligación de inspección OCA del ascensor arrastra necesariamente, la inspección de la instalación eléctrica de zonas comunes que lo alimenta.

SEGUNDO: Esta obligación no queda anulada por el hecho de que la CGP sea inferior a 100 kW.

TERCERO: Lo contrario supondría: Una incongruencia técnica, fractura del principio de seguridad y un incumplimiento indirecto del REBT y de la normativa de ascensores

CONCLUSIÓN TÉCNICA-JURÍDICA

En un edificio de viviendas que dispone de ascensor, la obligación legal de someter dicho equipo a inspección periódica por OCA implica necesariamente que las instalaciones eléctricas de las zonas comunes que lo alimentan deban someterse a inspección por OCA, con independencia de que la potencia total instalada en la CGP sea inferior a 100 kW, por aplicación del RD 842/2002 y RD 355/2024 (ITC AEM 1) en virtud del principio de seguridad industrial y de la unidad funcional de la instalación.

¿Qué repercusión legal tiene para Comunidad de Propietarios, incumplir RD 21/1992? La Comunidad es considerada titular de la instalación. Si el incumplimiento provoca un incendio, una electrocución o daños a vecinos, terceros o bienes. La Comunidad responde patrimonialmente, incumplir la Ley 21/1992 no es un “fallo técnico menor”

Consúltenos sin compromiso. 

Perito Judicial Baja Tensión, Roque de Armas

Teléf. +34 680 182 651

Email: roquedearmas2001@gmail.com

ELIMINACIÓN DE LOS DIFERENCIALES CLASE AC EN ESPAÑA

 

Conforme TRIS (Sistema de Información de Reglamentaciones Técnicas) de la Comisión Europea, en su notificación 2025/0417/ES del 03/11/2025. Establece disposiciones transitorias que España deberá cumplimentar:

Disposición 7- Se eliminará la instalación de interruptores diferenciales tipo AC normalizándose el uso del diferencial tipo A

Disposición 8- Se hará efectiva la obligación de suscribir un contrato de mantenimiento eléctrico de baja tensión todo ello para garantizar la seguridad de las instalaciones. 

La disposición Nª 8, en referencia a los Contratos de Mantenimiento Eléctrico reafirma lo establecido por normativa en el RD 842/2002 ITC-BT-04 y RD 141/2009 anexo VII entre otros:

¿Qué edificios de viviendas llevan OBLIGATORIAMENTE Contrato de Mantenimiento Eléctrico de baja tensión? Aquellos cuya Caja de Protección General sea igual o superior a 100 kW

• Suministro- Trifásico con tensión nominal 400 V (B3-230/400 V) y CGP con 144 A
• Suministro- Trifásico con tensión nominal 380 V (B2-220/380 V) y CGP con 152 A
• Suministro- Trifásico con tensión nominal 220 V (B1-127/220 V) y CGP con 262 A (Las compañías suministradoras suelen no admitir 127/220 V para 100 kW por intensidad excesiva)

¿Qué cuartos de máquinas de piscinas llevan OBLIGATORIAMENTE Contrato de Mantenimiento Eléctrico de baja tensión? Aquellos cuya Potencia Instalada sea igual o superior a 10 kW

• Suministro- Trifásico con tensión nominal 400 V (B3-230/400 V) y IGA con 15 A
• Suministro- Trifásico con tensión nominal 380 V (B2-220/380 V) y IGA con 16 A
• Suministro- Trifásico con tensión nominal 220 V (B1-127/220 V) y IGA con 27 A

Todo edificio de posea Ascensor sin límite de potencia instalada, lleva OBLIGATORIAMENTE Contrato de Mantenimiento Eléctrico de baja tensión

Citada disposición de la Comisión Europea, apoya la norma UNE 202013:2024 Conservación de instalaciones eléctricas de baja tensión. Plan de Mantenimiento Preventivo. Requisitos generales.

¿Por qué muchos edificios de viviendas, públicos e industrias no poseen Contratos de Mantenimiento Eléctrico? La realidad generalizada en España es por la percepción de que es un gasto evitable si no hay averías, motivo por el cual muchas de las edificaciones con 30 o 50 años de construidas NO POSEEN Inspección OCA aun siéndoles obligatoria.

Disponer de Certificado de Mantenimiento NO representa poseer Contrato de Mantenimiento Eléctrico firmado con Empresa Instaladora:

•  Un Certificado de Mantenimiento es un documento técnico-declarativo, mediante el cual un técnico o empresa manifiesta que, en una fecha concreta, una instalación ha sido revisada. (Acredita una actuación puntual, no una relación continuada)
• Un Contrato de Mantenimiento Eléctrico es una relación jurídico bilateral, requiere consentimiento mutuo, objeto y causa. Generando obligaciones recíprocas y continuadas.

Jurisprudencia: La aportación de certificados técnicos de mantenimiento no acredita por sí sola la existencia de una relación contractual de mantenimiento, ni exonera al titular de su deber de vigilancia.

Modificaciones Recientes al REBT:

1 de julio de 2021: Entró en vigor el Real Decreto 298/2021 (RD 298/2021), que modificó el REBT de 2002, aclarando la aplicación del reglamento en reparaciones y ampliaciones existentes.

3 de abril de 2024 (Publicación): La Resolución 40117/2024 se hizo efectiva, actualizando normas UNE y el mantenimiento.

Abril de 2025: Se considera una actualización importante por cambios en hábitos de consumo, incorporando nuevas exigencias en cables, aislamiento y diagnóstico, y afectando la ITC-BT-02, afectando mantenimientos y certificaciones. 

CONCLUSIÓN:

Las normas UNE citadas expresamente en la ITC-BT-02 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión adquieren carácter obligatorio al quedar incorporadas por remisión normativa a una disposición reglamentaria de obligado cumplimiento, conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo (STS de 15-07-1996, 27-05-1997 y 24-10-2000) y del Tribunal Constitucional (STC 83/1984 y 69/1988). No obstante, dicha obligatoriedad se limita estrictamente a los aspectos técnicos concretos a los que la instrucción reglamentaria se remite, no pudiendo extenderse a prescripciones no incorporadas expresamente.

Para mejor comprensión:

El Tribunal Supremo (STS 24-10-2000) deja claro que: La remisión a normas técnicas no implica la incorporación automática de todo su contenido, sino únicamente de aquellos extremos necesarios para dar cumplimiento a la disposición reglamentaria.

STS de 15 de julio de 1996 (RJ 1996/5886)- Tribunal Supremo aplica directamente al REBT y a la ITC-BT-02

STS de 27 de mayo de 1997 (RJ 1997/4046)- La remisión a normas técnicas no supone una delegación de la potestad reglamentaria, sino la asunción por la Administración del contenido técnico de dichas normas.

Es cuanto se ha de decir.