miércoles, 4 de noviembre de 2026

FIRMAS EL (CIE) Y RESPONDES TÚ: Lo que todo instalador debería saber antes de poner su nombre

 


Autor: Roque de Armas, Perito Judicial en Baja Tensión, nº 02678 ASPEJURE

INTRODUCCIÓN

Con este artículo inauguramos Biblioteca RAB ELECTRIC, un espacio de conocimiento técnico que analiza las instalaciones eléctricas desde la perspectiva del Perito Judicial.

Nuestro objetivo es ayudar a los instaladores a identificar errores, prevenir riesgos y comprender las consecuencias técnicas, normativas y jurídicas de sus decisiones profesionales, aportando criterios que les permitan ejecutar instalaciones seguras, conformes a normativa y defendibles ante cualquier reclamación.

Porque una instalación eléctrica no solo debe funcionar: debe estar correctamente ejecutada, justificada y certificada.

CASO REAL

Es cada vez más habitual que algunos clientes soliciten a instaladores autorizados la emisión de un Certificado de Instalación Eléctrica (CIE o Boletín) de instalaciones ejecutadas por terceros. En este contexto, es fundamental distinguir entre revisar una instalación y certificarla: la revisión consiste en comprobar su estado y realizar las verificaciones técnicas necesarias, mientras que la certificación implica asumir la responsabilidad profesional sobre la conformidad de la instalación con los requisitos reglamentarios aplicables.

El problema surge cuando, por obtener un beneficio económico, se emite un CIE sin haber ejecutado, controlado ni verificado adecuadamente la instalación, sin valorar las posibles responsabilidades técnicas y jurídicas que puede generar esa actuación.

Por ello, les invitamos a analizar un caso real y contrastarlo posteriormente con la jurisprudencia que acompaña este artículo. No se trata de generar alarma ni de cuestionar la profesionalidad de los instaladores, sino de poner de manifiesto, con hechos y fundamentos jurídicos, las posibles responsabilidades y consecuencias que pueden derivarse de sus decisiones. El objetivo es informar, prevenir y fomentar una práctica profesional responsable.

 HECHOS:

·        Una comunidad de propietarios construida en 1972 con CGP ≥ 100 kW y ascensores, llevaba 53 AÑOS sin cumplir las obligaciones de revisión y control de seguridad acreditado.

Bajo el RD 2413/1973 establecía obligaciones de inspección:  MI-BT-042.1 (Control efectivo y continuo por las Delegaciones Provinciales de Industria), MI-BT-042.2 (Revisión anual de determinadas instalaciones por instaladores autorizados), MI-BT-042.3 (Inspección de instalaciones en servicio por Industria cuando existieran causas justificadas, peligro o denuncia) y MI-BT-042.5 (Régimen de revisión de instalaciones anteriores al Reglamento). El régimen de inspecciones por Organismos de Control Autorizados (OCA) está establecido en RD 842/2002 art. 21 e ITC-BT-05.

Débase aclarar que el artículo 2.3 del RD 842/2002 establece que las instalaciones existentes antes de la entrada en vigor del nuevo REBT quedan sujetas al régimen de inspecciones del nuevo Reglamento

·        Finalmente, el 2025 pasa inspección OCA, resultado DEFECTOS GRAVES – Dictamen CONDICIONADO. Se citaron múltiples defectos en la instalación, pero por su gravedad citamos solo tres vinculados directamente con las viviendas:

v En la inspección se constató que el conductor de protección (PE) de la instalación no se encuentra conectado al anillo de puesta a tierra del edificio, y que no existe electrodo (pica) propio asociado a la instalación. En consecuencia, las masas de la instalación carecen de conexión efectiva a tierra

v Las derivaciones individuales están ejecutadas con conductor rígido sin canalización alguna, quedando los cables vistos o sin protección mecánica, lo que no se ajusta a lo establecido en la ITC-BT-15 del REBT (RD 842/2002).

v Las centralizaciones de contadores carecen de dispositivo de corte en carga. No existe interruptor general de maniobra que permita dejar fuera de servicio el conjunto de la centralización, ni elementos que permitan seccionar en carga las derivaciones individuales

v Transcurrido un mes desde la emisión del informe de inspección del Organismo de Control Autorizado (OCA), y sin que conste ejecutada actuación alguna de adecuación a la normativa en las derivaciones individuales ni en la puesta a tierra del edificio, se presentan Certificados de Instalación Eléctrica (CIE) de siete viviendas, suscritos por instaladores autorizados, en los que se declara que las instalaciones se ajustan al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002).

Asimismo, en la documentación que acompaña a dichos certificados consta como sustituido el cableado de las derivaciones individuales, y se refiere un valor de resistencia de puesta a tierra. Ambas manifestaciones no resultan acreditadas ni coherentes con lo constatado por el OCA: no se aporta evidencia de la sustitución declarada y el valor de resistencia indicado no puede corresponder a la puesta a tierra efectiva de las viviendas mientras el conductor de protección no esté conectado al electrodo del edificio.

v Preguntados por correo y teléfono, los instaladores firmantes manifestaron que no ejecutaron ni verificaron la instalación, lo que resulta incompatible con lo declarado en los CIE (ITC-BT-04).

 ANÁLISIS DE SITUACIÓN:

¿Puede una empresa instaladora autorizada emitir un Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) de una instalación existente que no ha ejecutado, pero que ha verificado? La cuestión exige distinguir tres actuaciones que, aunque están relacionadas, tienen un alcance técnico y jurídico diferente:

1.     Ejecutar una instalación eléctrica: realizar materialmente los trabajos de montaje, modificación o ampliación.

2.     Una inspección técnica de una instalación existente, no equivale a la verificación reglamentaria: comprobar mediante inspecciones, mediciones y ensayos que la instalación reúne las condiciones de seguridad y cumplimiento reglamentario exigibles.

3.     Certificar una instalación eléctrica: asumir formalmente, mediante el correspondiente documento reglamentario, la responsabilidad sobre las condiciones que se declaran y sobre el cumplimiento de las exigencias aplicables.

No debe confundirse la responsabilidad por la ejecución material, con la responsabilidad derivada de la certificación. Son responsabilidades diferentes, aunque pueden concurrir en una misma empresa.

El REBT es claro referente a la responsabilidad por la ejecución conforme:

·        RD 842/2002 ITC-BT-04 art. 5.1- Todas las instalaciones en el ámbito de aplicación del Reglamento deben ser efectuadas por los instaladores autorizados en baja tensión 

·        RD 842/2002 art. 20- Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por una empresa instaladora

El REBT establece sobre la responsabilidad derivada de la Certificación (CIE) a tenor de:

·        RD 842/2002 ITC-BT-03 art. 7D- La empresa instaladora está OBLIGADA a emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso.

·        RD 842/2002 ITC-BT-03 art. 5.9- La empresa instaladora NO PODRÁ facilitar, ceder o enajenar Certificados de Instalación no realizadas por ella misma.

·        Decreto 141/2009 art. 22.1- Cada una de las empresas intervinientes estará obligada a emitir su propio Certificado de Instalación, para la parte de la instalación que ha ejecutado.

·        En el marco del Decreto Ley 15/2020 se estableció el procedimiento extraordinario 6703 del Gobierno de Canarias, permitiendo la regularización administrativa de instalaciones eléctricas, el cual venció formalmente el 28 de diciembre de 2021.  Posteriormente se publicó ley 5/2021 que, en su Disposición adicional cuarta, Apartado 2 introduce un régimen transitorio para la regularización administrativa de instalaciones eléctricas de baja tensión en explotación que carecen de la correspondiente documentación técnica o administrativa, esta prórroga tuvo su fecha de vencimiento fue el 28 diciembre 2023.

Por consiguiente, esta regulación no habilitaba a cualquier empresa instaladora para atribuirse la ejecución histórica de una instalación realizada por terceros, sino que establecía un procedimiento específico para acreditar su estado inicial, documentar las actuaciones de adaptación efectivamente realizadas y certificar la intervención profesional correspondiente.

 CONCLUSIÓN:

PRIMERO- ¿El vencimiento del plazo de regularización obliga a adaptar todas las instalaciones antiguas al REBT de 2002?

El artículo 2 apartado 2 letra c) del Real Decreto 842/2002 establece expresamente que las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor quedan sometidas al nuevo Reglamento en lo referente al régimen de inspecciones. Por su parte, el artículo 2 apartado 2 letra b) determina que las modificaciones, reparaciones y ampliaciones, sean o no de importancia, de las instalaciones anteriores se someterán al REBT de 2002 únicamente en lo que afecte a la parte modificada, reparada o ampliada. Existe una excepción de especial relevancia: el artículo 2.3 del mismo Reglamento contempla la aplicación del REBT de 2002 a instalaciones anteriores cuando su estado, situación o características impliquen un riesgo grave para las personas o los bienes.

Por cuanto la antigüedad de una instalación puede determinar la reglamentación técnica de referencia, pero nunca debe convertirse en una justificación para mantener un riesgo eléctrico acreditado.

SEGUNDO- De conformidad con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) y sus instrucciones técnicas complementarias, la ejecución de una instalación eléctrica, su verificación reglamentaria y la emisión del correspondiente Certificado de Instalación constituyen actuaciones sucesivas y jurídicamente vinculadas dentro del procedimiento de puesta en servicio. Cada una tiene un alcance y una responsabilidad específicos, pero no pueden utilizarse para atribuir a una empresa trabajos que materialmente no ha ejecutado.

Una empresa instaladora habilitada puede realizar inspecciones, comprobaciones, mediciones y ensayos sobre instalaciones eléctricas ejecutadas por terceros, siempre dentro de sus competencias y del alcance de la actuación contratada. Sin embargo, dichas comprobaciones no la convierten en autora de la ejecución original ni la facultan para emitir un Certificado de Instalación que atribuya a su empresa trabajos que no ha realizado. Cuando intervenga sobre una instalación existente mediante modificaciones, reparaciones, adaptaciones o actuaciones de regularización, deberá documentar y certificar las actuaciones que efectivamente haya realizado, conforme al procedimiento reglamentario aplicable.

TERCERO- Una consideración técnica importante, la ITC-BT-05 art. 2 establece que las verificaciones previas a la puesta en servicio deben ser realizadas por la empresa instaladora que ejecuta la instalación. Por tanto, la verificación reglamentaria previa a la puesta en servicio no debe confundirse con una inspección independiente de una instalación ya existente.

En el segundo supuesto, la empresa puede realizar una evaluación técnica y emitir un informe de resultados, pero eso no le atribuye automáticamente la condición de ejecutora de los trabajos originales. Cabe señalar que en el supuesto que la instalación NO CUMPLA con REBT, debe actuar en conformidad con ITC-BT-03 art. 7F …Notificar a la Administración competente los posibles incumplimientos reglamentarios de materiales o instalaciones, que observasen en el desempeño de su actividad. En caso de peligro manifiesto, darán cuenta inmediata de ello a los usuarios y, en su caso, a la empresa suministradora, y pondrá la circunstancia en conocimiento del Órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de 24 horas… Nunca emitir un Certificado de Instalación, cuyo contenido no responda a las condiciones reales de la instalación

CONCLUSIÓN JURÍDICA:

Conforme al Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), el CIE debe acreditar la ejecución y las verificaciones correspondientes a los trabajos efectivamente realizados por la empresa instaladora que lo suscribe, sin atribuirse la ejecución de instalaciones o partes preexistentes que no hayan sido objeto de su intervención.

El fundamento se encuentra en:

·        ITC-BT-04, apartado 5.1: las instalaciones deben ser ejecutadas por empresas instaladoras habilitadas.

·        ITC-BT-04, apartado 5.2: obliga a realizar las verificaciones al término de la ejecución.

·        ITC-BT-04, apartado 5.4: el CIE se emite una vez finalizadas las obras y realizadas las verificaciones, declarando expresamente que la instalación ha sido ejecutada conforme al REBT.

Matización jurídica importante: En caso de modificación o ampliación, la ITC-BT-04, apartados 3 y 4, contempla expresamente su documentación y certificación. Por tanto, el certificado debe identificar y amparar la actuación efectivamente ejecutada, sin atribuirse la ejecución de partes preexistentes que no han sido objeto de dicha intervención.

En consecuencia: Un CIE no puede utilizarse como una mera certificación retrospectiva de una instalación ejecutada por terceros; debe responder a una ejecución propia o a una modificación o ampliación efectivamente realizada y verificada por la empresa que lo suscribe.

Un certificado debe acreditar una realidad técnica, no sustituirla ni crear una apariencia documental de cumplimiento.

¿Qué debería hacer un instalador cuando un cliente solicita un CIE de una instalación ejecutada por terceros?

1.     Identificar documentalmente qué partes de la instalación existen y quién ha realizado los trabajos.

2.     Ofrecer una inspección o evaluación técnica independiente, diferenciándola de la certificación reglamentaria.

3.     Realizar las mediciones y ensayos que correspondan y documentar sus resultados.

4.     Identificar los defectos y comunicar los incumplimientos y situaciones de peligro conforme a la ITC-BT-03, apartado 7.f.

5.     Presupuestar las modificaciones o reparaciones necesarias.

6.     Emitir el certificado reglamentario correspondiente a las actuaciones efectivamente realizadas, una vez ejecutadas y verificadas.

 

BIBLIOTECA DE JURISPRUDENCIA: Certificados de instalación eléctrica y responsabilidades

Investigación jurídica y técnico-pericial · Perito Judicial Roque de Armas · España

Un certificado de instalación eléctrica no es un simple documento administrativo. Es una declaración técnica con trascendencia reglamentaria y legal, destinada a acreditar que una instalación reúne determinadas condiciones de seguridad y que ha sido ejecutada y verificada conforme a la normativa aplicable.

Caso 1. Audiencia Provincial de Sevilla: condena por emitir un boletín de una instalación que no se había ejecutado por el firmante

SENTENCIA PENAL 104/2013 · 18 de marzo de 2013

·        Tribunal: Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 7.ª.

·        Recurso: 9863/2012.

·        Procedimiento de origen: abreviado 352/2011.

·        CENDOJ: 41091370072013100029.

·        Calificación: falsedad de certificado, artículo 399.1 del Código Penal.

 Hechos examinados

·        Un instalador autorizado había ejecutado una instalación eléctrica temporal en una caseta de feria de Alcalá de Guadaíra y había emitido el correspondiente boletín. Posteriormente, otro instalador autorizado emitió un segundo certificado de instalación eléctrica para esa misma caseta.

Enlaces

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-104-2013-ap-sevilla-sec-7-rec-9863-2012-18-03-2013-12964381

https://www.fempa.es/noticias/actualidad/tecnico-industrial/condenan-a-un-instalador-por-firmar-boletines-sin-haber-ejecutado-la-instalacion?utm_source=chatgpt.com

Caso 2. TSJ de Madrid: emisión de certificado favorable sin comprobar las condiciones reales de seguridad de una instalación

SENTENCIA 2236/2006 · 12 de diciembre de 2006

·        Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

·        Sala: Contencioso-Administrativa, Sección 9.ª.

·        Recurso: 1449/2003.

·        CENDOJ: 28079330092006102534.

·        Calificación: infracción administrativa grave en materia de seguridad industrial.

Hechos examinados

·        Un organismo de control autorizado (OCA), Eurocontrol S.A., emitió un certificado favorable relativo a una estación de servicio. Posteriormente, una inspección administrativa detectó que existía un sótano con una instalación eléctrica que no era antideflagrante, incumpliendo las condiciones de seguridad exigibles. Pero estimó el recurso del instalador eléctrico y lo absolvió del delito de estafa por falta de prueba suficiente de su participación dolosa.

Enlaces

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-administrativo-n-2236-2006-tsj-madrid-sala-contencioso-sec-9-rec-1449-2003-12-12-2006-7487161

Caso 3. Tribunal Supremo: cobro por modificaciones eléctricas no realizadas y utilización de la tramitación administrativa para aparentar su ejecución

STS 309/2020 · 12 de junio de 2020

·        Tribunal: Tribunal Supremo, Sala Segunda.

·        Sentencia: 309/2020.

·        Recurso de casación: 3971/2018.

·        CENDOJ: 28079120012020100320.

·        ECLI: ES:TS:2020:1777.

·        ROJ: STS 1777/2020.

Hechos examinados

Un gestor de servicios eléctricos se comprometió a realizar modificaciones en la instalación eléctrica de una vivienda. Para ello contactó con un instalador eléctrico autorizado. El instalador visitó la vivienda y abona la correspondiente tasa, pero sin aportar la documentación acreditativa de que las obras fueran realizadas.

Enlaces

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-309-2020-ts-sala-penal-sec-1-rec-3971-2018-12-06-2020-48134691

Caso 4. Audiencia Provincial de Madrid: responsabilidad civil del electricista por manipulación indebida de elementos de la instalación

SENTENCIA 509/2024 · 20 de diciembre de 2024

·        Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid, Sección 14.ª.

·        Recurso: 821/2023.

·        CENDOJ: 28079370142024100517.

·        ECLI: ES:APM:2024:18321.

·        ROJ: SAP M 18321/2024.

·        Materia: responsabilidad civil profesional y daños eléctricos.

Hechos examinados

Un electricista fue contratado para realizar trabajos de revisión y actualización de una instalación eléctrica en una cafetería-restaurante, con la finalidad de obtener el boletín eléctrico necesario para la licencia de funcionamiento. Durante la intervención, manipuló la Caja General de Protección (CGP). Se produjo una incidencia en el neutro que ocasionó una sobretensión, alcanzando aproximadamente 400 V en instalaciones que debían recibir 230 V.

Enlaces

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-audiencia-provincial-civil-n-14-20-12-24-48664789

Caso 5. Audiencia Provincial de Burgos: boletín emitido por un técnico y manipulación posterior de la instalación por terceros

SENTENCIA 227/2017 · 26 de junio de 2017

·        Tribunal: Audiencia Provincial de Burgos, Sección 2.ª.

·        Recurso: 138/2017.

·        CENDOJ: 09059370022017100160.

·        ECLI: ES:APBU:2017:693.

·        ROJ: SAP BU 693/2017.

·        Materia: responsabilidad contractual y manipulación posterior de instalación eléctrica.

Hechos examinados

Una empresa constructora ejecutó trabajos para una comunidad de propietarios relacionados con la instalación de un ascensor. Al finalizar los trabajos, se entregó el correspondiente boletín de instalación eléctrica, emitido por técnico habilitado.

Posteriormente, se manipuló la instalación para realizar un puente eléctrico que alteró la configuración trifásica, dejándola en bifásica, con el propósito de probar el funcionamiento del ascensor. La instalación no fue restituida a su configuración original.

Enlaces

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-227-2017-ap-burgos-sec-2-rec-138-2017-26-06-2017-47770606

viernes, 11 de septiembre de 2026

Perito Fotovoltaico: Qué Hace, Qué Analiza y Cuándo Contratarlo

 


Las instalaciones fotovoltaicas se han convertido en una de las soluciones más utilizadas para generar electricidad y reducir el consumo de energía procedente de la red. Sin embargo, que una instalación solar produzca energía no significa que esté correctamente diseñada, ejecutada, documentada y legalizada.

A diferencia de las instalaciones eléctricas convencionales ubicadas en recintos interiores secos, las instalaciones fotovoltaicas permanecen expuestas durante toda su vida útil a las influencias externas derivadas del medio ambiente. Esta condición incrementa significativamente el nivel de exigencia en cuanto al diseño, selección de materiales, ejecución, mantenimiento y verificación periódica.

Debe destacarse que el generador fotovoltaico presenta una característica singular respecto al resto de instalaciones de baja tensión: permanece generando tensión en corriente continua siempre que exista irradiación solar, incluso cuando el interruptor general se encuentra abierto. Esta circunstancia supone un incremento del riesgo durante operaciones de inspección, mantenimiento o reparación, especialmente cuando concurren condiciones de humedad o deterioro del aislamiento.

Cuando aparecen averías, pérdidas de producción, daños, incendios, entradas de agua, problemas eléctricos, discrepancias entre el proyecto y lo realmente ejecutado o conflictos entre propietario, instalador, puede ser necesario realizar un peritaje técnico de la instalación fotovoltaica.

¿QUÉ ES UN PERITO FOTOVOLTAICO?

Es un profesional con conocimientos técnicos y legales específicos sobre instalaciones de generación eléctrica solar, capaz de analizar su diseño, ejecución, funcionamiento, estado y documentación. Su intervención aporta valor legal y probatorio cuando existe una discrepancia técnica.

Un perito experto debe valorar el marco normativo de origen (por ejemplo, instalaciones de 2006), el marco de mantenimiento a lo largo de los años y la normativa vigente en el momento de la inspección. En España, el autoconsumo se encuentra regulado principalmente por el RD 244/2019, pero debe convivir con el marco histórico del REBT (RD 842/2002), sus instrucciones complementarias y normas UNE.

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN PERITAJES FOTOVOLTAICOS

A través de la experiencia en inspecciones técnicas, estos son los incumplimientos y fallos mas recurrentes que motivan la intervención de un perito:

  • La ausencia de Puesta a Tierra Independiente en Lado Corriente Continua:

Es uno de los defectos más repetitivos constituye un incumplimiento de lo establecido en RD 842/2002 ITC-BT-40 art. 8


  • Ausencia de Interruptor Seccionador y Sobretensiones en Lado Corriente Continua

La instalación debe disponer de medios adecuados que permitan el seccionamiento seguro del circuito de corriente continua. La ausencia de estos elementos o su incorrecta instalación en las String Boxes (cajas de conexión) puede derivar en fenómenos de arco eléctrico y, en última instancia, en incendios. El futuro proyecto de ITC-BT-053 contempla regular específicamente estas situaciones, pero hasta su aprobación, el incumplimiento ya es exigible bajo las normas de buena práctica y la UNE vigente.


  • Ausencia de diferenciales tipo A o B en instalaciones fotovoltaicas

Lamentablemente, para ahorrar costes, muchos instaladores continúan montando diferenciales Tipo AC en instalaciones fotovoltaicas. Esto es un incumplimiento reglamentario objetivo, con independencia de que la instalación funcione o no se haya materializado un accidente.

El RD 842/2002 establece en su artículo 23 que las prescripciones del Reglamento tienen la condición de MÍNIMOS OBLIGATORIOS. La normativa es clara:

UNE-HD 60364-7-712:2006 Establece que cuando una instalación incorpora un sistema fotovoltaico sin separación simple entre el lado CA y CC, el diferencial debe ser tipo B.

ITC-BT-24 apartado 3.5: Exige dispositivos de clase A cuando se prevean corrientes diferenciales no senoidales (propias de los inversores).

RD 244/2019 (modificación ITC-BT-40): Exige que todos los generadores para autoconsumo incluyan como mínimo protección diferencial tipo A y una corriente de fuga a tierra igual o inferior a 10 mA.


CONCLUSIÓN Y RESPONSABILIDAD LEGAL

Para un Instalador Autorizado, cumplir la normativa no es opcional, es obligatorio.

El incumplimiento doloso o negligente de los requisitos y obligaciones establecidos en la normativa industrial, cuando ocasiona riesgo grave o daño para personas o bienes, constituye una Infracción Muy Grave, tipificada en el artículo 35.1.a) de la Ley 21/1992 de Industria, lo que conlleva responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.

Ante un siniestro, avería o discrepancia técnica, contar con un informe pericial sólido es la única garantía para defender tus intereses, ya seas propietario de la instalación, compañía aseguradora o instalador requerido.

¿Necesitas asesoramiento técnico-legal en una instalación fotovoltaica?

Si te enfrentas a un conflicto por una deficiente instalación, un siniestro eléctrico o necesitas auditar el cumplimiento normativo de un proyecto solar, contáctanos. Como peritos judiciales en baja tensión, elaboramos informes periciales con rigor técnico y validez probatoria para hacer valer tus derechos.

ENLACE Y CONTACTO: Roque de Armas / Teléfono 680 182 651 / Email: mailto: 02678peritojudicial@gmail.com

viernes, 17 de julio de 2026

El valor del informe pericial eléctrico en la rehabilitación de infraestructuras públicas

 


Descubre la importancia del informe pericial eléctrico en la rehabilitación de infraestructuras públicas. Un diagnóstico técnico independiente permite identificar deficiencias y fundamentar decisiones de ingeniería.

El informe que nadie ve… pero del que depende todo

Cuando una gran infraestructura pública entra en un proceso de rehabilitación, la ciudadanía suele fijarse en el resultado final: nuevas instalaciones, mayor seguridad, eficiencia energética o una imagen renovada.

Sin embargo, existe un documento que rara vez trasciende fuera del ámbito técnico y que, en muchas ocasiones, condiciona todas las decisiones posteriores: el informe pericial o informe técnico de diagnóstico.

Antes de proyectar una solución, es imprescindible comprender con precisión el problema. En ingeniería, un diagnóstico equivocado conduce inevitablemente a un proyecto equivocado.

Por ello, los informes periciales no deben considerarse un mero trámite documental, sino la base científica sobre la que se construyen las decisiones técnicas de mayor trascendencia.

Cuando este trabajo se desarrolla con rigor técnico, metodología, inspecciones in situ, mediciones, análisis normativo y razonamiento pericial, deja de ser un simple informe para convertirse en la radiografía técnica de una infraestructura. Y esa radiografía es la que posteriormente utilizan arquitectos, ingenieros y administraciones para decidir cómo intervenir.

En el ámbito judicial suele decirse que el mejor informe es aquel que resiste cualquier contradicción. En ingeniería podría añadirse una segunda afirmación: El mejor informe es aquel cuyas conclusiones terminan convirtiéndose en un proyecto de rehabilitación.

No existe validación técnica más sólida que comprobar cómo un proyectista independiente incorpora, desarrolla y transforma en soluciones de ingeniería las deficiencias previamente identificadas por un perito. Cuando esto ocurre, el informe deja de ser únicamente una prueba técnica. Se convierte en el origen de una actuación de ingeniería.

Un ejemplo de enorme valor profesional

Uno de los casos más ilustrativos se ha producido recientemente durante la rehabilitación del Terrero Insular Mencey Tegueste, considerado uno de los recintos más representativos de la lucha canaria. Donde con carácter previo al proyecto industrial de rehabilitación se realizó una inspección técnica completa de las instalaciones eléctricas existentes.

Posteriormente, el proyecto industrial de rehabilitación desarrolló soluciones específicas para corregir precisamente esos aspectos. La correspondencia entre el diagnóstico previo y las actuaciones proyectadas constituye un ejemplo especialmente significativo del valor que puede alcanzar un informe técnico cuando está correctamente fundamentado.

La independencia: el mayor patrimonio del perito

Quizá la característica más importante de un informe pericial sea su independencia. El proyectista diseña, el constructor ejecuta, la dirección facultativa controla, pero el perito analiza la realidad existente sin condicionantes.

Esa independencia convierte sus conclusiones en una herramienta especialmente valiosa para administraciones públicas, aseguradoras, despachos jurídicos y órganos judiciales. Porque las decisiones de mayor trascendencia solo pueden apoyarse en diagnósticos técnicamente fiables. En esto consiste el valor oculto de la pericia técnica en la rehabilitación de infraestructuras públicas


Conclusión

El caso de la rehabilitación del Terrero Insular Mencey Tegueste demuestra que un informe pericial, elaborado con rigor, objetividad y fundamento normativo, puede convertirse en mucho más que un documento técnico. Puede constituir el punto de partida de una gran actuación de ingeniería.

Cuando un diagnóstico independiente identifica con precisión las patologías de una instalación y un proyecto industrial desarrolla posteriormente soluciones coincidentes con esas conclusiones, se pone de manifiesto el auténtico valor de la pericia técnica: convertir el conocimiento en decisiones y las decisiones en obras que mejoran la seguridad y el servicio a la sociedad.

En un tiempo en el que las inversiones públicas demandan cada vez mayor transparencia, eficiencia y responsabilidad, la figura del perito judicial adquiere una relevancia creciente. Su trabajo no solo ayuda a resolver controversias; también proporciona la base objetiva sobre la que se planifican rehabilitaciones de gran impacto.

Porque, en ingeniería, toda gran obra comienza con un diagnóstico acertado, y cuando ese diagnóstico resiste el análisis técnico y termina reflejado casi íntegramente en un proyecto industrial, se alcanza una de las mayores validaciones que puede recibir un informe pericial. Esa es la mejor demostración de que la pericia no solo interpreta la realidad: contribuye a transformarla.

¿Necesita un diagnóstico técnico o un informe pericial eléctrico?

La identificación de deficiencias en instalaciones eléctricas, el análisis de su adecuación normativa y la elaboración de informes técnicos fundamentados requieren experiencia, metodología y criterio independiente.

Como Perito Judicial especializado en instalaciones eléctricas de baja tensión, energía solar fotovoltaica, electricidad industrial, vehículos eléctricos y estaciones de recarga, desarrollo actuaciones de inspección y análisis técnico orientadas a aportar claridad y fundamento a las decisiones de particulares, empresas, administraciones y profesionales del ámbito jurídico.

La profesionalidad no se improvisa, se demuestra.

REDACTADO POR: Roque de Armas

PERITO ESPECIALIDADES: Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión; Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica; Electricidad Industrial; Vehículos Eléctricos y Estaciones de Recarga; Energía Eólica

TELEF. 680 182 651

E-MAIL: roquedearmas2001@gmail.com

WEB: https://www.aspejure.com/perito-judicial/2678/de-armas-benitez-roque-marino

jueves, 21 de mayo de 2026

Dirección General de Industria e Instalador Autorizado, garantes de la seguridad.

 


Los años en oficio y situaciones vividas demuestran que el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión no es que sea difícil su interpretación, la problemática surge cuando queremos ser profesionales cumpliendo lo establecido y llegamos al inexorable momento, de poner una incidencia o denuncia en conocimiento del Órgano competente de Comunidad Autónoma (Dirección General de Industria).

Cuando un Instalador Autorizado decide informar sobre incidencia o riesgo inminente que existe en una instalación, no lo ejecuta movido por un interés económico lo realiza por imperativo legal, responsabilidad civil / penal y por seguridad.

IMPERATIVO LEGAL

  • RD 842/2002 ITC-BT-03 art. 7F- …En el desempeño de su actividad, el Instalador Autorizado está obligado a notificar posibles incumplimientos reglamentarios de materiales e instalaciones (…) en caso de peligro manifiesto dará cuenta inmediata de ello a los usuarios, empresa suministradora y Órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de 24 horas…

La obligación establecida en ITC-BT-03 reviste carácter imperativo y constituye un verdadero deber jurídico del instalador autorizado, cuya infracción puede ser constitutivo de infracción administrativa, conforme a lo previsto en la Ley 21/1992, de Industria.

El término «posibles incumplimientos» resulta especialmente relevante, pues indica que se exige al instalador una valoración profesional acompañada de evidencias técnicas de que existe una discrepancia entre la instalación o los materiales y la normativa reglamentaria aplicable. El destinatario de la notificación es la «Administración competente», expresión que, conforme al marco competencial derivado de la Ley 21/1992, se refiere al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de industria y seguridad industrial.

A tenor de esto constatamos como este deber legal de los instaladores trasciende la mera interpretación reglamentaria, al generar correlativamente el deber de actuación administrativa, por parte de la Dirección General de Industria el cual no debe ser ignorado sin consecuencias jurídicas.

Cuando analizamos el deber de actuación de oficio por parte de la Dirección General de Industria, ante una denuncia formulada por un Instalador Autorizado esta no debe ser tratada como una mera información sin trascendencia jurídica, sino que debe ser tratada como lo que es: un aviso profesional cualificado, que activa los mecanismos de control e inspección de la legislación de Seguridad Industrial.

Cierto es conforme Ley 39/2015 art. 23 la comunicación del instalador, no constituye formalmente una solicitud de inicio de procedimiento; pero a la luz del art. 21 de la misma Ley la denuncia formulada por instalador autorizado impone a la Administración la obligación de impulsar de oficio el procedimiento en todos sus trámites, lo que implica que, una vez conocida la existencia de un posible incumplimiento o de una situación de peligro, la Administración no puede permanecer inactiva y el deber de actuación se ve reforzado por Ley 21/1992 art. 12.

La legalidad vigente en materia de seguridad industrial no es dispositiva, sino imperativa, y la Administración está obligada a hacerla cumplir. La tolerancia administrativa ante el incumplimiento de normas de seguridad constituiría, en sí misma, una vulneración del principio de legalidad.

OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR Y COMPROBAR

La Dirección General de Industria, una vez recibida y valorada la comunicación del instalador autorizado, debe adoptar un abanico de medidas que varía en función de la gravedad de los hechos comunicados y del riesgo que supongan para la seguridad de las personas y los bienes. Entre las que encontramos algunas como:

  • Inspección de la instalación: Con el fin de comprobar si los hechos comunicados por el instalador, son conformes a la realidad o si por el contrario la instalación cumple con la normativa reglamentaria.
  • Requerimiento de subsanación: Si la inspección confirma la existencia de deficiencias, la Administración debe requerir al titular o responsable de la instalación la subsanación de las mismas en un plazo determinado.
  • Medidas cautelares de seguridad: En los casos de peligro manifiesto, la Administración puede adoptar medidas cautelares de seguridad, tal y como lo establece RD 141/2009 art. 59.4 …Si en una inspección los defectos técnicos detectados implicasen un riesgo grave, se debe requerir al titular de la instalación y a la empresa instaladora, dejen fuera de servicio la parte de la instalación constituyen de riesgo inminente hasta que el defecto ha sido subsanado…
  • Iniciación de procedimiento sancionador: Si los hechos comunicados y comprobados constituyen una infracción administrativa en materia de seguridad industrial, conforme a la tipificación contenida en la Ley 21/1992 y cuya resolución podrá dar lugar a la imposición de las sanciones que correspondan

CONCLUSIÓN:

El ordenamiento jurídico no concibe a la Administración como un mero receptor pasivo de documentos, sino como el garante último de la seguridad colectiva. Cuando un Instalador Autorizado hace llegar a la Dirección General de Industria una comunicación de riesgo o incumplimiento al amparo de la ITC-BT-03, no está trasladando una queja vecinal; está accionando un mecanismo de protección, seguridad y prevención.

Como funcionarios públicos investidos de la competencia en materia de seguridad industrial, debemos ser conscientes de que el archivo, la dilación injustificada o la inactividad ante una denuncia de esta naturaleza no constituyen una simple "demora burocrática". Jurídicamente, suponen una vulneración del principio de legalidad y una quiebra del deber de protección a las personas y los bienes.

La tolerancia administrativa ante el incumplimiento de las normas de seguridad no es neutralidad; es complicidad activa con el riesgo. Pues habiendo sido alertado del peligro de forma cualificada y documental, decide mirar hacia otro lado.

Si un instalador nos advierte de un "peligro manifiesto" y la Administración no inspecciona, no requiere la subsanación o no adopta medidas cautelares, la cadena de prevención se rompe por el eslabón que tiene la fuerza y la obligación legal de actuar. En ese momento, la Administración asume el riesgo y, con él, la responsabilidad patrimonial por los daños que se deriven del siniestro.

Reflexión final: La inactividad administrativa ante un aviso de riesgo eléctrico no es un acto de gestión es una decisión. De no actuar tiene consecuencias jurídicas, patrimoniales y, sobre todo humanas.

La ley nos obliga a intervenir porque la vida y la seguridad de los ciudadanos no pueden depender de la paciencia burocrática. Cumplir no es solo tramitar; cumplir es actuar a tiempo. 

Los informes de la Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) entre 2024 y 2026 revelan que el 41,9% de los incendios con víctimas mortales tuvieron origen eléctrico. Además, es frecuente encontrar en estos casos antecedentes previos de: avisos técnicos, deficiencias conocidas, comunicaciones ignoradas o insuficientemente atendidas antes del siniestro.